En el artículo 18 del Reglamento General de Circulación se dice que: “Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas”.
Para alguien no jurista pero que aplique el sentido común, parece que la excepcionalidad recogida en el texto está pensada para agentes de policía o guardia civil que, en acto de servicio, puedan necesitar establecer comunicación con otras unidades o con su central mientras conducen y realizan algún servicio. A mí es lo que me sugiere esa redacción.
Pero parece que, para otras personas, esta excepcionalidad puede aplicarse a concejales que tengan responsabilidades en áreas de policía, bomberos, etc. Me pregunto por qué no es extensivo a los concejales de urbanismo si tienen que recibir un aviso de un edificio que se derrumba o a los propios alcaldes que son la primera autoridad en cada pueblo o ciudad.
Abrir esta vía de excepcionalidad para evitar el pago de una multa por hablar por el móvil mientras se conduce podría llevarnos al absurdo de considerar que un corredor de bolsa necesite contestar en un minuto concreto a una operación importante; que un conselleiro en su coche particular al volante deba contestar a una llamada urgente de su presidente y podríamos incluso llegar al ridículo y usarla para eximir a los presidentes de comunidad por atender el aviso de una avería en su edificio.
Al margen de todas las posibles interpretaciones que cada uno haga, me pregunto si el concejal socialista lucense que declaró el pasado viernes como imputado en la trama de multas de tráfico desconoce la existencia de dispositivos denominados manos libres, que permiten hacer y realizar llamadas sin infringir el código de la circulación.
En la explicación dada a posteriori de sus declaraciones ante la jueza instructora y, según lo publicado en los medios de comunicación, este dijo: “son un cidadán como todos; a miña maneira de estar na vida política é de absoluta transparencia, de ser rigoroso comigo mesmo como co resto dos cidadáns, que é o que esixen de nós como cargos políticos.”
Aquí es donde yo no entiendo nada, porque pienso que lo que se exige de los cargos públicos, como los que yo mismo ostento, es una conducta ejemplar en lo ético y lo moral, además de en el ejercicio de nuestra actividad pública. Y, en el caso que nos ocupa, transparente y riguroso sería pagar la multa y, después, proceder a recurrirla si, asesorado en este sentido, procediese tal recurso, pero de entrada pagarla para no dejar ningún tipo de duda sobre la voluntad de cumplir la ley reconociendo, al tiempo, la falta cometida. Todo el mundo sabe que está penalizado y es falta grave conducir y hablar por el móvil al mismo tiempo, todo el mundo excepto un concejal socialista con competencias en materia de tráfico y policía en el Ayuntamiento de Lugo. ¿Será que nunca tuvo tiempo para ver o escuchar las reiteradas campañas que la DGT realiza sobre esta importante causa de accidentes en nuestras carreteras?
Lo mínimo que esperamos de cualquier imputado en este trama es que reconozcan su falta y pidan disculpas. Es lo mínimo.
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Transparente e rigoroso
No artigo 18 do Regulamento Xeral de Circulación dise que: “Prohíbese a utilización durante a condución de dispositivos de telefonía móbil e calquera outro medio ou sistema de comunicación, excepto cando o desenvolvemento da comunicación teña lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares ou instrumentos similares. Quedan exentos de devandita prohibición os axentes da autoridade no exercicio das funcións que teñan encomendadas”.
Para alguén non xurista pero que aplique o sentido común, parece que a excepcionalidade recollida no texto está pensada para axentes de policía ou garda civil que, en acto de servizo, poidan necesitar establecer comunicación con outras unidades ou coa súa central mentres conducen e realizan algún servizo. A min é o que me suxire esa redacción.
Pero parece que, para outras persoas, esta excepcionalidade pode aplicarse a concelleiros que teñan responsabilidades en áreas de policía, bombeiros… Pregúntome por que non é extensivo aos concelleiros de urbanismo se teñen que recibir un aviso dun edificio que se derruba ou aos propios alcaldes que son a primeira autoridade en cada pobo ou cidade.
Abrir esta vía de excepcionalidade para evitar o pago dunha multa por falar polo móbil mentres se conduce podería levarnos ao absurdo de considerar que un corredor de bolsa necesite contestar nun minuto concreto a unha operación importante; que un conselleiro no seu coche particular ao volante deba contestar a unha chamada urxente do seu presidente e poderiamos ata chegar ao ridículo e usala para eximir aos presidentes de comunidade por atender o aviso dunha avaría no seu edificio.
Á marxe de todas as posibles interpretacións que cada un faga, pregúntome se o concelleiro socialista lucense que declarou o pasado venres como imputado na trama de multas de tráfico descoñece a existencia de dispositivos denominados mans libres, que permiten facer e realizar chamadas sen infrinxir o código da circulación.
Na explicación dada a posteriori das súas declaracións ante a xuíza instrutora e, segundo o publicado nos medios de comunicación, este dixo: “son un cidadán como todos; a miña maneira de estar na vida política é de absoluta transparencia, de ser rigoroso comigo mesmo como co resto dous cidadáns, que é ou que esixen de nós como cargos políticos”.
Aquí é onde eu non entendo nada, porque penso que o que se esixe dos cargos públicos, como os que eu mesmo ostento, é unha conduta exemplar no ético e o moral, ademais de en o exercicio da nosa actividade pública. E, no caso que nos ocupa, transparente e rigoroso sería pagar a multa e, despois, proceder a recorrela se, asesorado neste sentido, procedese tal recurso, pero de entrada pagala para non deixar ningún tipo de dúbida sobre a vontade de cumprir a lei recoñecendo, ao tempo, a falta cometida. Todo o mundo sabe que está penalizado e é falta grave conducir e falar polo móbil ao mesmo tempo, todo o mundo excepto un concelleiro socialista con competencias en materia de tráfico e policía no Concello de Lugo. Será que nunca tivo tempo para ver ou escoitar as reiteradas campañas que a DXT realiza sobre esta importante causa de accidentes nas nosas estradas?
O mínimo que esperamos de calquera imputado neste trama é que recoñezan a súa falta e pidan desculpas. É o mínimo.
Para alguien no jurista pero que aplique el sentido común, parece que la excepcionalidad recogida en el texto está pensada para agentes de policía o guardia civil que, en acto de servicio, puedan necesitar establecer comunicación con otras unidades o con su central mientras conducen y realizan algún servicio. A mí es lo que me sugiere esa redacción.
Pero parece que, para otras personas, esta excepcionalidad puede aplicarse a concejales que tengan responsabilidades en áreas de policía, bomberos, etc. Me pregunto por qué no es extensivo a los concejales de urbanismo si tienen que recibir un aviso de un edificio que se derrumba o a los propios alcaldes que son la primera autoridad en cada pueblo o ciudad.
Abrir esta vía de excepcionalidad para evitar el pago de una multa por hablar por el móvil mientras se conduce podría llevarnos al absurdo de considerar que un corredor de bolsa necesite contestar en un minuto concreto a una operación importante; que un conselleiro en su coche particular al volante deba contestar a una llamada urgente de su presidente y podríamos incluso llegar al ridículo y usarla para eximir a los presidentes de comunidad por atender el aviso de una avería en su edificio.
Al margen de todas las posibles interpretaciones que cada uno haga, me pregunto si el concejal socialista lucense que declaró el pasado viernes como imputado en la trama de multas de tráfico desconoce la existencia de dispositivos denominados manos libres, que permiten hacer y realizar llamadas sin infringir el código de la circulación.
En la explicación dada a posteriori de sus declaraciones ante la jueza instructora y, según lo publicado en los medios de comunicación, este dijo: “son un cidadán como todos; a miña maneira de estar na vida política é de absoluta transparencia, de ser rigoroso comigo mesmo como co resto dos cidadáns, que é o que esixen de nós como cargos políticos.”
Aquí es donde yo no entiendo nada, porque pienso que lo que se exige de los cargos públicos, como los que yo mismo ostento, es una conducta ejemplar en lo ético y lo moral, además de en el ejercicio de nuestra actividad pública. Y, en el caso que nos ocupa, transparente y riguroso sería pagar la multa y, después, proceder a recurrirla si, asesorado en este sentido, procediese tal recurso, pero de entrada pagarla para no dejar ningún tipo de duda sobre la voluntad de cumplir la ley reconociendo, al tiempo, la falta cometida. Todo el mundo sabe que está penalizado y es falta grave conducir y hablar por el móvil al mismo tiempo, todo el mundo excepto un concejal socialista con competencias en materia de tráfico y policía en el Ayuntamiento de Lugo. ¿Será que nunca tuvo tiempo para ver o escuchar las reiteradas campañas que la DGT realiza sobre esta importante causa de accidentes en nuestras carreteras?
Lo mínimo que esperamos de cualquier imputado en este trama es que reconozcan su falta y pidan disculpas. Es lo mínimo.
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Transparente e rigoroso
No artigo 18 do Regulamento Xeral de Circulación dise que: “Prohíbese a utilización durante a condución de dispositivos de telefonía móbil e calquera outro medio ou sistema de comunicación, excepto cando o desenvolvemento da comunicación teña lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares ou instrumentos similares. Quedan exentos de devandita prohibición os axentes da autoridade no exercicio das funcións que teñan encomendadas”.
Para alguén non xurista pero que aplique o sentido común, parece que a excepcionalidade recollida no texto está pensada para axentes de policía ou garda civil que, en acto de servizo, poidan necesitar establecer comunicación con outras unidades ou coa súa central mentres conducen e realizan algún servizo. A min é o que me suxire esa redacción.
Pero parece que, para outras persoas, esta excepcionalidade pode aplicarse a concelleiros que teñan responsabilidades en áreas de policía, bombeiros… Pregúntome por que non é extensivo aos concelleiros de urbanismo se teñen que recibir un aviso dun edificio que se derruba ou aos propios alcaldes que son a primeira autoridade en cada pobo ou cidade.
Abrir esta vía de excepcionalidade para evitar o pago dunha multa por falar polo móbil mentres se conduce podería levarnos ao absurdo de considerar que un corredor de bolsa necesite contestar nun minuto concreto a unha operación importante; que un conselleiro no seu coche particular ao volante deba contestar a unha chamada urxente do seu presidente e poderiamos ata chegar ao ridículo e usala para eximir aos presidentes de comunidade por atender o aviso dunha avaría no seu edificio.
Á marxe de todas as posibles interpretacións que cada un faga, pregúntome se o concelleiro socialista lucense que declarou o pasado venres como imputado na trama de multas de tráfico descoñece a existencia de dispositivos denominados mans libres, que permiten facer e realizar chamadas sen infrinxir o código da circulación.
Na explicación dada a posteriori das súas declaracións ante a xuíza instrutora e, segundo o publicado nos medios de comunicación, este dixo: “son un cidadán como todos; a miña maneira de estar na vida política é de absoluta transparencia, de ser rigoroso comigo mesmo como co resto dous cidadáns, que é ou que esixen de nós como cargos políticos”.
Aquí é onde eu non entendo nada, porque penso que o que se esixe dos cargos públicos, como os que eu mesmo ostento, é unha conduta exemplar no ético e o moral, ademais de en o exercicio da nosa actividade pública. E, no caso que nos ocupa, transparente e rigoroso sería pagar a multa e, despois, proceder a recorrela se, asesorado neste sentido, procedese tal recurso, pero de entrada pagala para non deixar ningún tipo de dúbida sobre a vontade de cumprir a lei recoñecendo, ao tempo, a falta cometida. Todo o mundo sabe que está penalizado e é falta grave conducir e falar polo móbil ao mesmo tempo, todo o mundo excepto un concelleiro socialista con competencias en materia de tráfico e policía no Concello de Lugo. Será que nunca tivo tempo para ver ou escoitar as reiteradas campañas que a DXT realiza sobre esta importante causa de accidentes nas nosas estradas?
O mínimo que esperamos de calquera imputado neste trama é que recoñezan a súa falta e pidan desculpas. É o mínimo.
1 comentarios:
Rábade 007, licencia para contestar...
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